A las polémicas declaraciones de Rolando Jiménez y posterior comunicado de prensa emitido por MUMS, se suman ahora las repercusiones políticas de la investigación realizada por una fiscalía y un juzgado civil de Santiago a raíz de los 39 millones de dólares donados por la fundación suiza Fondo Mundial de Lucha Contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.El año pasado los representantes del Gobierno chileno solicitaron una auditoria externa al Consejo de las Américas, una institución nacida del acuerdo entre Chile y Estados Unidos en el cual tienen participación ministerios y organizaciones no gubernamentales (ONG) de ambos países.
Dentro de los resultados arrojados por la auditoria, se encontró la alteración de tasas de cambio de divisas, pagos adelantados por trabajos no ejecutados y la pérdida de 100 millones de pesos, que equivalen a 212.000 dólares.
Como era de suponerse, el caso ha causado la intervención de representantes del gobierno, tales como el canciller Alejandro Foxley, quien declaró que el acontecimiento “afecta la imagen de Chile en el exterior”. Sin embargo, el pasado lunes para Radio Cooperativa enfatizó que “Chile no es un país corrupto”, añadiendo que “se debe trabajar para asegurar la transparencia, a cualquier costo”.Además de esto, el presidente del Consejo, Santiago Araya, declaró para el diario La Tercera que la investigación preliminar apunta a la presunta comisión de estafa, apropiación indebida, evasión tributaria y sabotaje informático. Esto ha causado la renuncia del director ejecutivo del Consejo, Jorge Osorio, y el director de Administración y Finanzas, Cristián Moscoso. El informe final será dado a conocer esta semana y según dijo Araya, “servirá para determinar responsabilidades administrativas”. A ello, añadió que “Hay una falta de dinero, eso es una realidad y habrá que ver a cuánto asciende al final”.
Según dieron a conocer fuentes, existen cuatro denuncias relacionadas a este caso y durante esta semana el fiscal a cargo, Felipe Sepúlveda, encargará diversas diligencias a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, priorizando el interrogatorio a empleados del Consejo de las Américas y análisis contables.
A esto, se suman los dichos del vocero de gobierno, Francisco Vidal, quien admitió la presunta existencia de delitos, comentando que “sinvergüenzas hay en todas partes” y enfatizando que el caso debe ser resuelto en los tribunales.
Por su parte, la ministra de Salud, María Soledad Barría, reconoció que no se trata sólo de un problema administrativo, sino que hubo malversación de recursos, pero al mismo tiempo negó que el viaje la semana pasada a Ginebra de la subsecretaria del departamento, Jeanette Vega, se debiera a dar explicaciones al Fondo Mundial de Lucha Contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, como señalaron algunos medios de prensa.
Dentro de los resultados arrojados por la auditoria, se encontró la alteración de tasas de cambio de divisas, pagos adelantados por trabajos no ejecutados y la pérdida de 100 millones de pesos, que equivalen a 212.000 dólares.
Como era de suponerse, el caso ha causado la intervención de representantes del gobierno, tales como el canciller Alejandro Foxley, quien declaró que el acontecimiento “afecta la imagen de Chile en el exterior”. Sin embargo, el pasado lunes para Radio Cooperativa enfatizó que “Chile no es un país corrupto”, añadiendo que “se debe trabajar para asegurar la transparencia, a cualquier costo”.Además de esto, el presidente del Consejo, Santiago Araya, declaró para el diario La Tercera que la investigación preliminar apunta a la presunta comisión de estafa, apropiación indebida, evasión tributaria y sabotaje informático. Esto ha causado la renuncia del director ejecutivo del Consejo, Jorge Osorio, y el director de Administración y Finanzas, Cristián Moscoso. El informe final será dado a conocer esta semana y según dijo Araya, “servirá para determinar responsabilidades administrativas”. A ello, añadió que “Hay una falta de dinero, eso es una realidad y habrá que ver a cuánto asciende al final”.
Según dieron a conocer fuentes, existen cuatro denuncias relacionadas a este caso y durante esta semana el fiscal a cargo, Felipe Sepúlveda, encargará diversas diligencias a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, priorizando el interrogatorio a empleados del Consejo de las Américas y análisis contables.
A esto, se suman los dichos del vocero de gobierno, Francisco Vidal, quien admitió la presunta existencia de delitos, comentando que “sinvergüenzas hay en todas partes” y enfatizando que el caso debe ser resuelto en los tribunales.
Por su parte, la ministra de Salud, María Soledad Barría, reconoció que no se trata sólo de un problema administrativo, sino que hubo malversación de recursos, pero al mismo tiempo negó que el viaje la semana pasada a Ginebra de la subsecretaria del departamento, Jeanette Vega, se debiera a dar explicaciones al Fondo Mundial de Lucha Contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, como señalaron algunos medios de prensa.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario